Durante los últimos años, el estado colombiano otorgó derechos a una empresa para la exploración y explotación de combustibles fósiles en la zona de piedemonte amazónico en Colombia. Sin embargo, el estudio de impacto ambiental presentado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para lograr la habilitación, se contrapone en sus resultados con los estudios ambientales independientes realizados por los habitantes, consultoras locales y organizaciones sociales de la zona.
El conflicto principal surge de la aplicación de una normativa ambiental que no incluye parámetros adecuados y suficientes para el cuidado y protección de los recursos naturales en general y del agua en particular. El análisis que hicieron los participantes es que tampoco se garantiza el derecho a la información, participación y consentimiento previo, libre e informado de las comunidades tradicionales de la zona. Estas cuestiones son algunas de las razones por las que las comunidades de la zona están en contra del proyecto.
Una de las preguntas planteadas fue: ¿cómo puede la sociedad civil actuar de manera más efectiva para avanzar con normativas de protección del medio ambiente y el agua?
El plan de acción incluyó: generar una nueva Normativa de Licenciamiento Ambiental para la Explotación Petrolera que priorice el cuidado del ambiente, los ecosistemas y a la población y que pueda ser tratada en el Congreso de Colombia. Asimismo, se planteó una propuesta para incluir en la legislación mecanismos de control y participación ciudadana para asegurar el cumplimiento de la normativa.
Dentro de las conclusiones se recomendó impulsar la participación colectiva entre las comunidades que conocen el territorio, los actores gubernamentales y las autoridades de la empresa. Además, será fundamental trazar una estrategia de trabajo con medios de comunicación y organizaciones sociales y ambientales, que visibilicen la situación en la opinión pública y para lograr la gestión de la iniciativa ante el Congreso y el gobierno.
